Padres y madres separados alertan hoy en diferentes aeropuertos de los “obstáculos” del Gobierno a la custodia compartida

Padres y madres separados se han concentrado hoy en los vestíbulos de llegadas internacionales de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma, Valencia y Málaga, a partir de las 11.00 horas, para alertar a los extranjeros que llegaban a España de que el Gobierno, a través del Ministerio Fiscal, pone “todo tipo de obstáculos” para que los hijos puedan mantener una relación igualitaria con los padres y la familia paterna tras el divorcio y se aplique la custodia compartida en España.

El portavoz de la Plataforma por la Igualdad y la Custodia Compartida, José Ramón Campoamor, explicó que en esta acción se informará asimismo de la ausencia de políticas familiares del Ejecutivo central que tengan en cuenta a los hijos en los procesos de separación. Tal y como manifestó, a través de esta iniciativa que se realizará en varios idiomas, advertirán a los visitantes que llegan a un país “en el que no existe la presunción de inocencia” y que en el caso de tener un conflicto con una mujer, “se les aplicará una Ley discriminatoria para el varón”. Asimismo, la pretensión de este colectivo es protestar contra la existencia de la Ley Integral de Violencia de Género, que considera una ley que “no defiende a la mujer” y que ha sido pensada “en clave de rentabilidad política y no de eficacia como muestran los resultados de la aplicación de la misma”.

Tal y como aseveró Campoamor, no se puede luchar contra ningún tipo de lacra social “mediante la discriminación y el ataque a los derechos fundamentales” como son la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por tribunales ordinarios y el trato igualitario ante la ley. Según recordó, más de 200.000 mil procesos de separación y divorcio cada año pasan de la jurisdicción civil a la penal en aplicación de la Ley de Integral contra la Violencia de Género, lo que consideró “inadmisible” ya que supone una utilización de esta ley para “obtener ventajas procesales y provoca la criminalización clara y directa” de los propios procesos de separación y divorcio.