Denuncias falsas

Iván Sáez.- Desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, se ha producido un incremento del 40% en el numero de denuncias interpuestas por malos tratos, lo cual, sin duda, justifica y hace necesario el apoyo y creación de nuevos sistemas de protección para las víctimas de la violencia que, no olvidemos, no sólo son las mujeres, sino también los hijos, quienes padecen sus consecuencias. Sin embargo, a la sombra de una de las mayores lacras de nuestra sociedad actual, el maltrato, está naciendo otra, la denuncia falsa preocupante y difícil de combatir, pero que merece ser tratada, al menos, con igual rigor. Preocupante, por cuanto su número ha crecido paralelamente al del incremento de denuncias interpuestas y, desde luego, difícil de combatir, habida cuenta la enorme sensibilidad social existente hoy sobre los malos tratos, a lo que hay que añadir, indudablemente, la enorme presión que los medios de comunicación ejercen sobre los jueces que deben resolver estos asuntos, de manera que la adopción de medidas cautelares es prácticamente automática, sin profundizar demasiado en el asunto, en aras a evitar la posibilidad de un hecho luctuoso.

Desgraciadamente, la legislación actual deja abierta una puerta al abuso que, condimentada y amparada precisamente en esa sensibilización y persecución mediática, está desembocando en la interposición de dichas denuncias falsas, de modo que, movidos por un interés egoísta y sin escrúpulos en ocasiones se interponen denuncias que sólo persiguen la adopción rápida de una serie de medidas como la obtención de la custodia de los hijos, el uso del domicilio familiar, etcétera. Ha llegado el caso de solicitarse una orden de alejamiento y concederse por plazo de seis meses simplemente porque el ex marido miraba «con cara de psicópata» a su ex mujer cuando iba a recoger a los niños o le llamaba, según ella, demasiadas veces al móvil. Sin embargo, los medios de comunicación no se hacen eco de esta situación y poco o nada puede leerse o escucharse acerca de tales abusos. Y todo ello, bajo el amparo jurídico, que parece mirar hacia otro lado y no emplea, como debiera, todos sus mecanismos en perseguir dichos abusos.A ello hay que añadir, además, la enorme saturación que sufren los propios juzgados de violencia que, no sólo deben hacer frente al incremento de las denuncias que se ha producido en los últimos años, sino que igualmente deben conocer de las medidas civiles en los casos de separación o divorcio, lo que hace que, sin duda, la saturación sea mayor, toda vez que dicha materia debería ser conocida por los juzgados especializados de familia, para que sean éstos quienes con mayor rapidez, rigor y mayor conocimiento de los hechos puedan adoptar las medidas civiles adecuadas en dichos procedimientos.

Por tanto, es indudable que la actual situación debe ser corregida, como lo es igualmente que la lucha contra la violencia debe ser lo más enérgica pero a la vez lo más práctica posible para los ciudadanos. Deben establecerse todos los medios posibles y crear cuantos organismos sean necesarios para la erradicación de la violencia machista, pero igualmente no puede dejarse la más mínima puerta abierta al abuso, ante la gravedad de los hechos que se trata, así como la enorme importancia de las consecuencias que conllevan para el núcleo familiar y, desde luego, deberían los jueces perseguir cualquier abuso que se produzca en el seno de los malos tratos.