Representantes de asociaciones de padres separados y de juristas han coincidido en el Parlamento en la necesidad de mejorar la información y la protección a las mujeres víctimas de violencia machista.
La presidenta de la Asociación de mujeres juristas Themis, Altamira Gonzalo, ha propuesto en la Comisión de Igualdad encargada de analizar la ley contra la Violencia de Género, que se generalice la información a las víctimas antes de poner la denuncia sobre las consecuencias de iniciar un proceso, así como de los trámites precisos.
De esta forma, la mujer tendría en cuenta que cuando se pide una orden de protección, también se pueden reclamar medidas civiles, que en la mayoría de los casos no se hace por desconocimiento, ha añadido la jurista.
Además, cree que con un buen asesoramiento legal se reducirían el número de denuncias retiradas, "que es una reacción posible por la dependencia afectiva de la víctima con el maltratador".
Como ejemplo, ha explicado que si en 2008 fueron el 11 por ciento las denuncias que las víctimas retiraron, en los casos defendidos por las abogadas de su asociación ascendieron al 5 por ciento.
Altamira Gonzalo ha defendido la ley, cuando se cumplen casi cuatro años de la entrada en vigor, "porque ha hecho aflorar muchas denuncias que sin ella no se hubieran presentado", aunque opina que debe mejorarse la aplicación en los tribunales.
"Falta especialización y conocimiento de la dinámica en las relaciones de pareja, es decir, formación en género, no de los jueces, también de los abogados y de otros agentes" que intervienen en el proceso.
La jurista lamenta que falten por desarrollar algunos aspectos, como las unidades de valoración o la puesta en marcha de las pulseras, además de medidas de sensibilización social.
También ha comparecido ante la subcomisión de estudio de la ley, el presidente de la Confederación Estatal de Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres Separados, Justo Sáenz Íñiguez, quien ha planteado la creación de un órgano dentro del propio juzgado que se encargue de la acogida a la víctima y la coordinación con los servicios sociales.
Además, se ha mostrado a favor del cumplimiento íntegro de las penas "para los casos de violencia de género sangrantes, sádicos y crueles" y de que se persigan de oficio las denuncias falsas.
En este sentido, ha denunciado "la utilización espuria de la ley para obtener ventajas en los procesos de divorcio".
Según esta organización, desde la entrada en vigor de la ley, en 2005, ha habido 115.768 sobreseimientos, el 45 por ciento del total de casos tramitados.
Esta asociación de padres separados está en contra de que los juzgados de violencia contra la mujer resuelvan también los casos de divorcio de los malos tratos, porque "los juzgados están colapsados", ha añadido su presidente, quien opina que se está "penalizando las relaciones familiares".
Ha destacado la importancia de la detección precoz de los malos tratos y para ello, sugiere que se establezcan coordinadores de violencia de género provinciales y autonómicos, que hagan seguimiento de los posibles casos de maltrato.
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