El juez de familia de Gijón pide fiscales para los Juzgados civiles

El magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo, titular del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón, que tiene competencia sobre los procesos de familia, reclamó ayer que se destinen fiscales a los Juzgados de lo civil para que puedan emitir sus informes con conocimiento de los casos que se juzgan, en lugar de utilizar «modelos» para emitir esos informes sin tener en cuenta que cada caso es diferente.

Durante su intervención en las Jornadas del Foro Familia y Ley sobre ruptura de parejas y responsabilidad parental, Campo se mostró crítico con la actuación del ministerio fiscal en las demandas de separación y divorcio de parejas con hijos menores. La ley impide a los jueces que concedan una custodia compartida de los hijos a ambos padres sin un informe favorable del ministerio fiscal. El juez relató el caso de dos padres que acordaron una custodia compartida, pero que no pudo ser ya que el fiscal se opuso alegando que el acuerdo se debía a cuestiones laborales. El padre trabajaba por la mañana y la madre por la tarde, «¿qué pretendía el fiscal, que contrataran a alguien para cuidar al niño?», se preguntó el magistrado. Las soluciones a este tipo de situaciones pasan, en opinión del juez, por dos alternativas. O modificar la actual ley para eliminar la obligatoriedad de un informe favorable por parte del juez o bien destinar fiscales a los Juzgados de lo civil, «uno por cada dos Juzgados, pero con sus despachos allí» para que se informe sobre cada caso que se dilucida. «En penal los fiscales trabajan como negros, pero en civil, como son Juzgados que pueden funcionar sin fiscal, utilizan un modelo para sus informes y se acabó», añadió el magistrado.

Ángel Luis Campo Izquierdo apuntó que en su jurisdicción ningún juicio puede realizarse «sin la presencia del juez, del secretario judicial y de los abogados», pero el fiscal puede no acudir. Esta reflexión del magistrado, en contestación a la pregunta planteada por una abogada que acudió a las jornadas, no fue la única crítica a la legislación que rige las separaciones. Otra de las críticas fue que el legislador haya optado por agilizar las separaciones mediante un procedimiento verbal con contestación, que para el juez supone un «aquí te pillo y aquí te mato», sin oportunidades para profundizar en cada caso y con los consiguientes riesgos de equivocarse en las sentencias. El magistrado abogó por recuperar el procedimiento ordinario, más lento, pero en el que se pueden practicar más pruebas. Un procedimiento que sí se usa en otros pleitos civiles. El juez consideró un contrasentido que para decidir sobre «los daños sufridos por un rayonazo en un coche» se use el procedimiento ordinario, más garantista que el verbal, pero para decidir sobre algo que va a cambiar «la vida de dos niños» se emplee el procedimiento verbal. Concluyó que «como los niños no votan, no se les tiene en cuenta, sino que se legisla pensando en los padres».

Tanto el magistrado como el resto de los ponentes en las jornadas coincidieron en señalar que acabar en los Juzgados no es la mejor forma para poner final a un matrimonio, sino que la negociación a través de un mediador familiar es la mejor fórmula para lograr una separación en la que no se perjudique a los menores afectados. Las jornadas fueron inauguradas por la directora de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia del Principado, Gloria Fernández Martínez, que anunció que antes de que acabe el año se abrirán los dos nuevos puntos de encuentro en Navia y en el oriente de Asturias (que completarán los ya existentes en Gijón, Oviedo y Avilés para facilitar el régimen de visitas a los hijos en casos de conflicto) y también se promulgará el decreto que desarrolla la ley de Mediación Familiar del Principado, de marzo de 2007.