La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Begoña Alvarez, anunció ayer en Granada que su departamento no tomará medidas para aclarar el caso de un hombre que pasó once meses en prisión por ocho denuncias falsas de maltrato que interpuso su compañera sentimental, puesto que este asunto «no corresponde a la Consejería». Alvarez se refirió a la causa que el Juzgado de Violencia Doméstica de Sevilla ha archivado contra José Antonio Santos, vecino de Bormujos de 39 años y dijo que deberá ser el perjudicado el que tome medidas contra la Administración, «acudiendo a un procedimiento jurisdiccional donde se despeje si verdaderamente existió un error judicial». Así, aseguró que este procedimiento «no corresponde a la Consejería de Justicia», aunque la Junta sí se ha personado en muchos casos de denuncias de malos tratos realizadas por mujeres agredidas por sus parejas.
Por su parte, la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva califica estos hechos de «prácticas espurias, que lesionan cada día los derechos civiles fundamentales de miles de hombres, de sus hijos, y también de todas las personas que vienen sufriendo malos tratos en el ámbito de las relaciones familiares». La Federación ha mostrado indignación por el caso de Bormujos, «cuya resolución judicial sugiere que no se puede descartar el carácter autolesivo de las lesiones descritas» porque «la falsa denunciante llegó a interponer hasta ocho denuncias para asegurarse el encarcelamiento de su ex pareja, mientras le difamaba» en televisiones y medios de comunicación.
Fadie ha mostrado su satisfacción al condenado por las denuncias falsas por haber recuperado «su relación con sus hijos». La Federación afirma en su comunicado que esa relación forma parte de «lo único que les queda a los padres separados y divorciados españoles: su capacidad para sobreponerse al sufrimiento y luchar por seguir arañando minutos al lado de sus hijos. «La Ley de Violencia de Género atenta cada día contra el derecho de presunción de inocencia y la dignidad de miles de hombres que pensaban que se estaban divorciando y se hacían ilusiones por seguir conviviendo con sus hijos», según la Federación.
También recuerda que la Ley de Divorcio «deniega el derecho de custodia sobre los hijos en los casos en que uno de los progenitores esté incurso en un proceso de malos tratos, para lo cual basta una simple denuncia». La Fadie acusa al Gobierno de servirse «de la desgracia de las mujeres que sufren maltrato para organizar sus campañas electorales en torno a proyectos que atentan contra los principios fundamentales del Estado de Derecho, empuñando banderas feministas tras las que se esconde la más perversa y recalcitrante ideología machista y patriarcal. «Esto no es sino un insulto al feminismo que durante décadas ha peleado por la verdadera igualdad, incorporando a la mujer al mercado laboral en la misma medida que el hombre», afirma.
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