La Audiencia de Sevilla ha archivado definitivamente la causa contra un hombre que pasó once meses encarcelado por ocho denuncias falsas de maltrato que no pudo cometer y que se referían a lesiones que la denunciante se causó a sí misma.
La Sección Cuarta de la Audiencia, en una sentencia contra la que no cabe recurso, confirma el auto de archivo dictado en mayo pasado por el juzgado de Violencia sobre la Mujer y levanta definitivamente la orden de protección de la supuesta víctima y las medidas cautelares de alejamiento del denunciado.
El denunciado J.A.S.B., de 39 años, pasó once meses en prisión preventiva por unas supuestas lesiones a su ex pareja R.V.D. que, según relata ahora la Audiencia, consistieron en cortes superficiales que, por su localización y forma, parecen fruto de "un origen voluntario, no exento de cierto cuidado, y no de un violento y descontrolado acometimiento" por otra persona.
Los jueces llaman la atención sobre el hecho de que ninguna de las agresiones sufridas tuvo testigos, pese a los lugares públicos donde se produjeron, y recogen que el médico que atendió a la denunciante en el hospital en una de sus denuncias no se creyó que hubiese perdido el conocimiento durante dos horas y media por un traumatismo craneoencefálico que ni siquiera apreció en la exploración médica.
Los supuestos navajazos recibidos, según la sentencia, resultaron ser en su mayor parte "heridas incisas muy superficiales", situadas en la parte anterior del cuerpo y que no respondían a las heridas defensivas propias de quienes tratan de evitar una agresión con arma blanca.
Entre diciembre de 2005 y abril de 2008 la mujer presentó ocho denuncias por agresiones y acudió a numerosos programas de televisión para afirmar, entre lágrimas, que es madre de dos hijos pequeños y que no sabía "cómo pedir protección para no ser la próxima en la lista" de mujeres asesinadas por su pareja.
Dice la Audiencia que, frente a la débil acusación, el denunciado presentó coartadas "sólidas", pues aportó varios testigos que le acompañaban en horarios incompatibles con las agresiones.
De hecho, J.A.S.B. llegó a hacerse acompañar siempre por testigos y pedir facturas de los establecimientos que frecuentaba "como eventual defensa ante las múltiples denuncias que le formulaba R.V.B.", recuerda la Audiencia.
Según los jueces, la mujer incurrió en "serias contradicciones" en su última denuncia el 17 de abril de 2008, pues aseguró haber sido objeto de una violenta agresión en su domicilio pero la propia investigación policial puso de relieve que su ropa no tenía "cortes ni desperfectos" y que la mujer "seguía portando perfectamente colocadas las diez uñas postizas que tenía".
El archivo se basa en informes forenses según los cuales "no se puede descartar la característica autolesiva de las lesiones descritas", por lo que la Audiencia entiende que el material acusatorio es "endeble" y no permite "concretar ninguna acusación fundada".
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Para FADIE, “resulta estremecedor que la ex pareja de José Antonio, Raquel Valle Béjar, fuera capaz de pasearse durante tres años por los programas de televisión manifestando su temor a engrosar la lista de mujeres asesinadas, años en los que su propio hijo perdió absolutamente cualquier contacto con su padre, presunto culpable de haber intentado matar a su madre”.
“Todavía podemos encontrar noticias de hace un año y medio en los buscadores de internet que presentan a José Antonio como un asesino. Por este motivo, esta Federación quiere hacer un llamamiento contundente a todos los medios de comunicación para que respeten siempre el principio de presunción de inocencia, y en particular, a aquellos que culpabilizaron de antemano a un inocente, para que dediquen un espacio de su próxima edición a presentarle una disculpa pública”, indican.
Aseguran que “después de conversar con Jose Antonio Sánchez y repasar con detenimiento todos los detalles de la sentencia, FADIE no ve otro camino que exigir públicamente tanto a la Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra Crespo, como al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que inicien urgentemente diligencias judiciales contra la falsa denunciante, y no abandonen a su suerte a un hombre al que han robado su dignidad y el calor de su hijo”.
“Es inaudito e impropio de un Estado de Derecho dilapidar, hasta en ocho ocasiones, el principio de presunción de inocencia y después no actuar de oficio contra alguien que por sistema utiliza fraudulentamente a la Administración de Justicia con el objetivo de provocar la orfandad paterna de su hijo”, aseguran.
“Exigimos también a la Consejera de Justicia, Begoña Álvarez, y la Consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, a que aceleren los trámites para restablecer el contacto de Jose Antonio Santos con su hijo de 12 años y al que no ve desde que tenía 7″, agregan.
FADIE también se pregunta “si alguna de estas ocho denuncias falsas es la que los expertos y expertas del Observatorio contra la Violencia de Género encontraron entre las 530 que dicen haber revisado recientemente, y que han desembocado en un dudoso informe, de conclusiones más que predecibles, viniendo de donde vienen, que ha pretendido minimizar sin éxito el gravísimo problema de las denuncias falsas, del que nos vienen alertando innumerables jueces de reconocida trayectoria. Como quiera que al menos una de ellas resultara ser la que encontró el Observatorio, las otras siete bien merecen que el reciente engendro de estudio, que pretende servir al gobierno para negar las falsas denuncias en la subcomisión parlamentaria que se celebra el próximo día 3 de noviembre y que tiene por objeto analizar la aplicación de la LVG, sea sustituido por un análisis serio y profundo que vaya más abajo de las Audiencias Provinciales, elaborado por una consultora externa que goce de toda credibilidad, y cuya inclinación política no se encuentre socialmente cuestionada”.
Para FADIE, el caso de José Antonio Santos “constituye un ejemplo claro y rotundo del tremendo error que cometió José Luis Rodríguez Zapatero al promover la Ley de Violencia de Género, por atentar gravemente contra la Constitución y contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ya han reconocido en sendas proposiciones no de ley tanto el Partido Popular como UPyD”.
Por último, FADIE ha instado a la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y al Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, “a que respeten la dignidad de las personas que sufren maltrato, aprovechando esta oportunidad para realizar una condena pública y rotunda hacia las denuncias espurias, y a que dejen de interpretar el aumento disparado de las denuncias como un logro social traducido en la superación del miedo de la mujer a denunciar, cuando a menudo lo que ocurre, es que muchas están perdiendo la vergüenza para resolver sus divorcios y crisis de pareja en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el consiguiente perjuicio para las personas que de verdad necesitan una justicia rápida y eficaz”.
