Los Verdes-Grupo Verde ha pedido al Instituto Canario de la Mujer, vinculado a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, la retirada de “cualquier campaña publicitaria que se base en la difusión social de una cultura de la sospecha”.
El portavoz de la formación, Octavio Hernández, considera que “pretender convertir en policías a simples vecinos, culpabilizándolos por no denunciar, linda con el fascismo, es una llamada a la invasión de la intimidad, provoca denuncias falsas y crea un estado de sospecha”, en referencia a los anuncios sobre la violencia machista que se emiten por televisión.
Hernández señala que “en el Gobierno de Canarias parece que quieren crear un estado parapolicial mediante campañas que nos invitan constantemente a ser chivatos unos de otros, porque ellos están fracasando y no son capaces de gestionar la complejidad de la violencia social, ni están dispuestos a ir a sus raíces económicas, culturales o patológicas”. La promoción gubernamental de esta “cultura de la sospecha”, señalan Los Verdes, “es nociva y envenena a nuestra sociedad sustituyendo el compromiso contra la violencia por la culpabilización si no te conviertes en denunciante y fomenta la denuncia basada en indicios externos, que puede crear más problemas que soluciones”.
“El aumento de un nuevo tipo de denuncia falsa de malos tratos, utilizada en conflictos de pareja como medio de venganza, que debería movernos a cuestionar el método y el objetivo de este tipo de campañas publicitarias y del tratamiento informativo que a menudo se le da en los medios de comunicación con una finalidad supuestamente preventiva”, señala el portavoz de la organización ecologista.
Los Verdes-Grupo Verde pide la retirada de las campañas dirigidas a convencer a los ciudadanos de que denuncien los casos de maltrato de que tengan indicios “porque es una pedagogía social inadecuada y ajena a la cultura democrática, que puede conducir a resultados tan perversos como los que pretende evitar”. El portavoz de la formación relaciona la acusación falsa de maltrato infantil en el caso de la niña fallecida en el sur de Tenerife y la reacción mediática y social condenatoria sin pruebas con “mecanismos de opinión pública que están cultivando un clima de sospecha que también puede afectar al buen criterio de los profesionales que trabajan en la atención sociosanitaria o de seguridad”.
