Natalia Siderova trabaja los fines de semana como camarera. Realiza labores eventuales como empleada del hogar. Y percibe una ayuda pública. Más de 800 euros en total para vivir. Un nivel económico que ahora está a punto mejorar considerablemente, tras un solo mes de búsqueda de trabajo, con la firma un contrato como secretaria en una inmobiliaria. Se gana la vida y no es rica, pero tiene suficiente para vivir dignamente con austeridad. Desde que se divorció del joven español con el que se casó tras dejar su Rusia natal, ésta es su única alternativa y hace lo posible para darle una vida digna a su hijo de dos años y siete meses sola. Pero eso no parece ser suficiente para merecerse tener su custodia. Con el argumento de su inestabilidad laboral, unido a que al tener a sus familiares en Moscú no cuenta con una red de apoyo para el cuidado de su hijo, un juez de Granada ha otorgado la custodia a su ex pareja tras el divorcio y le ha prohibido salir del país con el menor. Además, tendrá que abonar a su ex marido un 15% de lo que cobre en concepto de manutención del menor. La desesperación de Natalia no le deja decir más que: «No entiendo nada de lo que está ocurriendo. Quiero ser bien valorada para cuidar de mi hijo, que además es muy pequeño aún», denuncia.
Medidas provisionales.- La pérdida de la custodia ha sido acordada en un auto de medidas provisionales, previo a la redacción de la sentencia final de divorcio. La juez, en su escrito, hace propio el informe del equipo psicosocial donde aconseja entregar la custodia al padre debido a la escasa estabilidad laboral de Natalia y teniendo en cuenta que su ex pareja cuenta con sus padres y hermanos para ayudarles a cuidar del menor. Para que ella no pierda el contacto con su hijo se establece un régimen de visita de fines de semanas alternos y la mitad de las vacaciones. La decisión judicial de separar a un niño tan pequeño de su madre puede sorprender y hace pensar en algún elemento más que desaconsejaría que Natalia se hiciese cargo de él. No obstante, nada de esto han encontrado los expertos en valorar la idoneidad de los cónyuges para ostentar la custodia. Ambos cuentan con un domicilio adecuado (según el informe), «ambos tienen una buena capacidad educativa», ambos tienen una relación estrecha y afectiva con el niño pequeño (aún ajeno a los conflictos de la pareja) y ninguno de los dos presenta ningún tipo de alteración psicológica que les impida ejercer la custodia en buenas condiciones. Ahora bien, la lógica situación de una joven extranjera de 26 años que deja su país para instalarse en España, con su familia lejos, y sola después de haberse divorciado la sitúan en mal lugar a ojos de los psicólogos y jueces. «Yo me pregunto qué pasa con las madres solteras... ¿Es que al ser pobre y extranjera ya no tengo derecho a cuidar de mi hijo? Creo que es discriminatorio», reflexiona la joven de 26 años sobre el doble castigo que tiene que soportar. Ciertamente, si su ex cónyuge le diese el 15% de su sueldo (1.500 euros lo que resultaría 225 euros al mes), no tendría estrechez alguna. Eso sí, la ventaja de su ex pareja de contar con su familia aquí no la puede arreglar. «¿Qué hago? Es imposible traerse a toda la familia aquí», apunta.
Valoración y tiempo.- Cuando los psicólogos realizaron las entrevistas, Natalia estaba buscando un trabajo adecuado, aunque reunía casi 800 euros al mes entonces. Ahora, ya instalada en la capital granadina, ha conseguido uno en un mes y medio. Pero la medida de retirada de custodia se ha dictado antes. Y hasta dentro de un año los psicólogos no revisarán su situación personal para que se produzca un posible cambio. Ahora sólo desea que antes de que se dicte sentencia recapaciten.
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