viernes, 9 de enero de 2009

Cuánta razón

Cuánta razón tiene la Magistrada María Sanahuja cuando, en el artículo publicado habla de LAS DENUNCIAS FALSAS, porque la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género cuando se publicó se vendió como la panacea, como la ley integradora de todas las medidas que iban a terminar con la violencia de género o la violencia machista.
Sin embargo, después de cuatro años de vigencia debemos coincidir completamente con la Magistrada María Sanahuja, a la que afortunadamente no han conseguido silenciar, y debemos afirmar que realmente se trata de una ley que no respeta los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España y que, para colmo, no ha conseguido lo que perseguía.
Evidentemente esta Ley ha contribuido, como muy bien afirma María Sanahuja, a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales, provoca dolor innecesario, supone un despilfarro para el erario público y, lamentablemente, no ha conseguido terminar con la violencia sobre las mujeres. Desgraciadamente María Sanahuja se ha quedado corta con sus afirmaciones, pues la verdad es que con esta ley milagrosa no se ha terminado esta lacra de violencia sobre las mujeres sino que ha aumentado el caso de mujeres maltratadas y asesinadas cobardemente por sus parejas sentimentales -en el año 2008 han sido 72 las mujeres asesinadas, vilmente, por sus parejas-.Esta Ley integradora e integral ha dejado de lado los derechos de todos los ciudadanos a la libertad personal y a ser detenidos sólo en el caso de ser presuntamente autores de un delito. Debemos recordar que la detención debe llevarse a cabo de acuerdo con la ley y en la forma que menos perjudique en su honor y honra, para lo cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Estado o no, deben llevar a cabo las investigaciones tendentes a averiguar lo realmente acaecido y no detener sin más por el hecho de presentarse una denuncia contra un hombre por una mujer por violencia de género. No obstante, no debemos culpar a las fuerzas policiales. Éstas siempre actúan conforme a Derecho y siguiendo el dictado de la Ley, de una Ley que responsabiliza en grado supremo a unos funcionarios policiales que deben, en un primer momento, valorar la veracidad de la denuncia, graduar el riesgo que realmente pende sobre la mujer denunciante y que, en definitiva, son responsables del seguimiento de las medidas cautelares y de la seguridad de la mujer maltratada.
Por otra parte, la sociedad, en general, y el legislador, en particular, debe tener también en cuenta que cuando una mujer ha sido vilmente maltratada, de forma cobarde, por un hombre que no merece ser llamado hombre, y se atreve a denunciar se encuentra de pronto que, a pesar de su valentía y de la ley integral, se encuentra sola con sus hijos frente al mundo y al maltratador, con los riesgos que ello conlleva. Ahora, después de cuatro años de vigencia de esta ley integral e integradora, es el momento de estudiar con seriedad qué se puede hacer para terminar con esa lacra que es el maltrato de una mujer, pero sin crear desigualdad, sin vulnerar los derechos de cualquier persona, mujer u hombre, dotando de más medios humanos y materiales a Policía, Guardia Civil, Fiscalía, Jueces y todos los demás ámbitos que se consideren necesarios y buscando la forma de condenar realmente al maltratador (también a la mujer que denuncie falsamente a su pareja) así como que proteja de verdad a la mujer maltratada.
Por el bien de todos, hombres y mujeres, espero que se consiga una ley justa para todos que realmente pueda terminar con la lacra de la violencia machista y que surjan más voces como la de María Sanahuja, a la que hay que agradecer por su valentía al hablar, hace cuatro años y ahora, de un tema que debe preocupar a los españoles sin miedo a las posibles represalias.
JCarlos Pérez Rey, abogado, miembro de la Liga Pro Derechos Humanos

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