La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer sancionar con 3.000 euros a la ex titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander, María Jesús García Pérez, por unas declaraciones en las que cuestionó la Ley aprobada en las Cortes para luchar contra el maltrato machista y a partir de la cual se crearon, precisamente, los juzgados específicos como el que ella misma presidía en la capital cántabra. La magistrada está destinada en la actualidad en el Juzgado de lo Penal número 6 de Bilbao.
Los jueces que componen la comisión disciplinaria vieron en la conducta de García Pérez una «falta grave» de consideración hacia los ciudadanos, las instituciones, los abogados e incluso a la doctrina del Tribunal Constitucional, una situación prevista en el artículo 418.5º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El doble que a Tirado.- Aunque inicialmente la sanción propuesta por el instructor del expediente era la mínima para ese supuesto, 300 euros, la comisión entendió ayer que en las declaraciones de García Pérez hay suficientes razones como para imponer la multa máxima, cuya cuantía se sitúa en 3.000 euros. Esta cantidad es el doble de la sanción que se impuso en su día al juez Rafael Tirado (1.500 euros) por olvidarse de ejecutar una pena de cárcel contra Santiago del Valle, el asesino de la niña Mari Luz Cortes. En el caso de García Pérez, la decisión fue adoptada por unanimidad por los cinco vocales que forman la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.
La resolución pone fin a la polémica que levantaron las declaraciones de la magistrada en una entrevista publicada en un periódico de Cantabria el pasado verano. En aquella conversación, García Pérez consideró que ni la normativa salida de las Cortes ni los juzgados específicos de Violencia de Género «servían para nada». Aseguró que formaba parte de los jueces que estaban en contra de esa ley y que entró en el Juzgado de Violencia únicamente para «tener experiencia» y para «verlo desde dentro».
La jueza también hizo declaraciones acerca del volumen de denuncias falsas con que se había encontrado, el escaso éxito de las medidas de alejamiento y el machismo practicado por personas de algunas nacionalidades. El CGPJ le abrió un expediente en octubre para investigar si podían ser sancionables.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, la magistrada Montserrat Comas, las tachó de «frívolas» y dio traslado de las mismas al servicio de inspección. Comas aseguró que no entendía la razón por la que garcía Pérez optó «voluntariamente» a la plaza del Juzgado de Violencia de Género de Santander, «del que se manifiesta contraria», indicó.
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