La actual Ley de Divorcio contempla escasamente la custodia compartida

Sevilla - Miembros de la Junta Directiva de la Federación Andaluza por la Defensa de la Igualdad Efectiva (antes FASE), en las que se encuentran asociaciones de padres y madres separados y divorciados, mujeres feministas, hombres profeministas, abuelos y abuelas separados de sus nietos y nietas, etc., se han reunido esta semana en Sevilla con el Defensor del Pueblo Andaluz, D. José Chamizo, para solicitarle su compromiso de trasladar al Parlamento y a las distintas Consejerías que forman el Gobierno Andaluz, importantes demandas relativas a reformas urgentes en materia de divorcio y protección de los niños y niñas, así como en el desarrollo y aplicación de políticas transversales de igualdad.

En la reunión, que transcurrió con un tono muy distendido y en la que el Defensor mostró una gran sensibilidad, se abordaron distintas cuestiones de destacada relevancia en el ámbito legislativo. Respecto a la actual gestión del divorcio en nuestro país, desde al articulado de la ley hasta la aplicación de la misma en los juzgados, la Federación argumentó a Chamizo la enorme cantidad de trabas que la Ley de Divorcio de 2005 esconde en su redacción, que impiden el normal ejercicio de la corresponsabilidad parental compartida tras una ruptura y que atentan gravemente contra los derechos civiles fundamentales de todos los miembros de la familia, incluida la propia mujer, a la que se sigue asignando con un automatismo aberrante el rol exclusivo y cavernario de la crianza y la educación de los hijos, impidiéndole su acceso al mercado laboral y fomentando su dependencia económica del hombre, el cual queda totalmente despojado de sus responsabilidades familiares, salvo de las obligaciones económicas, las cuales deberá asumir desde la distancia, distancia tan absurda como gravemente perjudicial para el desarrollo integral de los hijos, que con el mismo automatismo pierden tras el divorcio un referente fundamental para crecer con armonía. En el mismo sentido dicha ley vulnera derechos fundamentales de los niños y niñas afectados por este fenómeno social, siendo discriminados por el hecho de que sus progenitores se separen. Estos menores pierden en un solo día el contacto y afecto de su familia paterna al completo.

La Federación ha explicado a Chamizo, que tiene también adscrita la oficina del Defensor del Menor, los motivos que están provocando el incesante aumento de la resolución por vía contenciosa de los divorcios, que en la comunidad andaluza se lleva la palma, situándose diez puntos por encima del promedio nacional. La actual Ley de Divorcio contempla la custodia compartida de forma expresamente excepcional y sólo bajo el consentimiento de la madre, a la que se otorga el derecho de veto ya que a falta de acuerdo los hijos quedan a su cargo. De este modo, bajo el pretexto de un falso interés superior del menor, se germina un conflicto interesado de ésta que sirve para argumentar la no idoneidad de la custodia compartida en favor de una custodia exclusiva y excluyente a la que se asocian de forma espuria todas las necesidades económicas (pensiones, uso y disfrute de la vivienda, etc. que deberá asumir el padre. A su vez, éste con suerte podrá volver a vivir a casa de sus padres, los cuáles dejarán de ser otro referente fundamental y cotidiano para sus nietos.

También se ha abordado el tema de las falsas denuncias por maltrato que tanto vienen denunciando los responsables de la judicatura y que están provocadas por el impedimento expreso, en el artículo 92.7 de la Ley de Divorcio, de poder optar por la custodia de los hijos, compartida o no, si existen indicios de malos tratos por parte del progenitor que la solicita. Actualmente, con una simple denuncia por malos tratos (aunque ésta sea falsa), se niega el derecho y la obligación del denunciado de cuidar y educar a sus hijos, violando desde la propia ley de divorcio y desde los protocolos preventivos de la Ley Integral de Violencia de Género, el derecho a la presunción de inocencia.

En la agenda primaveral quedan pendientes nuevas entrevistas con los responsables del recién remodelado gobierno andaluz, en particular con la nueva la Consejería de Justicia.

Cada vez más hombres tienen que recurrir a un abogado penalista porque el abogado de familia de su ex-mujer le ha recomendado que lo denuncie por maltrato. Esta invitación al conflicto desde los propios poderes públicos y corporativos destroza la vida de miles de familias, sobre todo de padres, madres e hijos inocentes pero también de abuelos y tíos, desprotegiendo gravemente a las mujeres que realmente sufren maltrato, que quedan en el anonimato por culpa de otras que ejercitan este fraude para ganar la guerra de su divorcio. Después de haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento, la Ley de Violencia de Género ha sido objeto hasta la fecha de unas doscientas cuestiones de constitucionalidad (algo sin precedentes en ningún estado democrático), algunas de las cuales se han avalado por la mínima en un Tribunal Constitucional más que dudoso, presidido por la magistrada Dª Emilia Casas que ha tenido el valor de no dimitir después de prestar su ayuda a una abogada que finalmente resultó ser la inductora del asesinato de su ex-marido, al cual tachaba de maltratador. Escenarios como éste y como el acaecido en Adra hace muy pocos días, ponen de manifiesto que lo que nuestra sociedad demanda con urgencia no es una ley de género sino una ley que combata y prevenga cualquier forma de violencia que se pueda cometer, no ya en el ámbito familiar, sino en cualquier ámbito, porque la violencia, venga de donde venga es inaceptable.

En relación a la recién aprobada Ley de Mediación Familiar en el Parlamento Andaluz, Chamizo comparte con esta Federación su opinión de que no servirá de nada en los términos en que ha sido redactada. Es una ley que nace muerta por su propia naturaleza ya que la actual gestión del divorcio parte de un marco legislativo de desequilibrio entre el hombre y la mujer, que invita a ésta última a no sentarse a mediar en busca del mejor interés para sus hijos.

El Defensor ha asumido el compromiso de trasladar cuanto antes a la mesa del Parlamento Andaluz las demandas que esta Federación ha elaborado y que pasan por una reforma profunda y sin ambages de la legislación en materia de divorcio y de violencia en el ámbito familiar, siguiendo la senda iniciada por los parlamentos catalán y valenciano, que ya tienen en avanzado estado de tramitación sus reformas favorables a la custodia compartida y/o corresponsabilidad parental, como norma.

La Federación también quiere hacer un enérgico llamamiento a los responsables de la Judicatura para que, de acuerdo con el marco legislativo de los países de nuestro entorno, se interprete el interés superior del menor como el escenario en el qué éste continúe manteniendo una convivencia equitativa con ambos progenitores tras la ruptura de los mismos, como ha defendido recientemente el prestigioso doctor en Medicina y Cirugía y especialista en pediatría, neurología y psiquiatría, Paulino Castells, en la presentación de su libro ? Los padres no se divorcian de sus hijos ?.

También se ha informado al Defensor sobre la necesidad urgente de la implantación y desarrollo, por parte de las distintas consejerías, de protocolos que garanticen el ejercicio compartido de la patria potestad, concepto que en la mayoría de los casos se confunde con la custodia. Las decisiones en el ámbito educativo, sanitario o extraescolar no están siendo compartidas porque las administraciones no duplican la información a los progenitores, ni disponen de aparatos de gestión que permitan la toma conjunta de decisiones.

Por otra parte, esta Federación aprovecha este comunicado para sumarse a la iniciativa llevada a cabo por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (Ppiina), de mostrar su rechazo a la propuesta del Parlamento Europeo de alargar la duración mínima del permiso de maternidad a 20 semanas. Esta medida constituye un grave retroceso en los derechos laborales de la mujer mientras continúa impidiendo al hombre la posibilidad de cuidar de sus hijos "en igualdad" con la madre alejando irreversiblemente la meta de la igualdad entre los permisos de maternidad y paternidad.

Con esta son ya cuatro las reuniones que esta Federación ha mantenido con responsables políticos e institucionales en los últimos dos meses, durante los cuales ha mantenido encuentros con los portavoces de las comisiones de Justicia e Igualdad del Parlamento Andaluz y con la Directora General de Infancia y Familia, Sra. Dª. Carmen Belinchón. En la agenda primaveral quedan pendientes nuevas entrevistas con los responsables del recién remodelado gobierno andaluz, en particular con la nueva titular de la Consejería de Justicia, Sra. Begoña Álvarez.

Por último, y teniendo en cuenta el amplísimo y variopinto colectivo de asociaciones que se han ido sumando a formar parte de esta Federación -madres, padres, abuelos, hijos, asociaciones en defensa de la igualdad, asociaciones en defensa de la coparentalidad, asociaciones por la protección de la familia, asociaciones feministas, etc- ésta ha decidido adoptar un nuevo nombre que aglutine el fin común de todas ellas -la igualdad de todos y todas- adoptando a partir de este momento una nueva denominación: FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES POR LA DEFENSA DE LA IGUALDAD EFECTIVA (FADIE).